LA INSTITUCIÓN DE LA DEFENSORA ANALIZA LA PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2019

El análisis que se realiza a continuación se ajusta a las competencias de la Defensora indicadas en el Reglamento orgánico de derechos de la ciudadanía (RODC en adelante), atendiendo a las funciones que se le atribuyen en el artículo 20 y al derecho a la información recogido en el artículo 6 del mismo reglamento, según el cual:

"Los ciudadanos tienen derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y a obtener copias de los documentos contenidos en ellos, así como a recibir información y orientación acerca de los requisitos exigidos para las actuaciones que se propongan realizar. El mismo derecho a obtener información y orientación les corresponderá respecto a los procedimientos en los que se establezca un período de información pública, tales como instrumentos urbanísticos, ordenanzas y reglamentos, presupuestos u otras, a fin de poder formular alegaciones. El órgano competente incorporará un informe resumiendo la participación habida."

En este análisis no se valora orientación política por quedar fuera de la competencia de la institución como indica el art. 20.2 del mismo RODC:

"Quedarán fuera de su competencia las funciones de control político de la actividad municipal, además de aquellas cuestiones susceptibles de investigación como las relativas a temas de personal o aquellas que estén siendo objeto de procedimiento jurisdiccional".

Se entiende pues que la orientación política del presupuesto hacia unas u otras partidas no es objeto de las reflexiones, sin embargo el acceso a la información por parte de la ciudadanía es un derecho y tal y como se presentan los presupuestos, también este año, se plantean algunas dudas que son competencia de la Defensora.

LA PRESENTACIÓN

El 12 de noviembre el Sr. Noguera, Alcalde de Palma, acompañado del Sr. García, Regidor responsable de las cuentas municipales, presentaba a la opinión pública el contenido de los presupuestos municipales para el 2019 recién aprobados por la Junta de Gobierno.

La información transmitida consistía en una breve reseña informativa de 400 palabras con datos destacados y un archivo de PDF en el que se mostraban tablas y gráficas asociadas, conteniendo: los presupuestos por áreas, los gastos e ingresos generales, los gastos sociales específicos y los presupuestos por organismos autónomos y por empresas municipales, todo ello con un carácter muy general. Se puede comprobar porque tanto la reseña como el archivo PDF se encuentran publicados en la web municipal.

Antes y después de esa presentación, la Defensora de la Ciudadanía se ha dirigido al Coordinador del Área de Economía, Hacienda e Innovación para obtener alguna información complementaria con el fin de disponer de datos que le permitieran valorar y entender la documentación publicada. A día de hoy no se ha obtenido respuesta.

Desde la institución de la Defensora se conoce el proceso que establece la normativa para la elaboración, publicidad y aprobación de los presupuestos municipales y sabemos que se exigen una serie de requisitos que garantizan el acceso a la información. Sin embargo, o se publica poca información o en el mejor de los casos se presentan documentos de carácter muy técnico, necesarios seguro, pero fuera del alcance de comprensión de la mayoría de la ciudadanía. Probablemente esa forma exposición pública cumple con las garantías exigidas en la letra de la ley y esa forma de dar acceso a la información sea suficiente para la administración pero contrasta con los medios técnicos que nos ofrece la sociedad de la información y tampoco cuadra con la transparencia de la que presumiría una administración moderna.

Igualmente, la evidente voluntad política de ofrecer información pública a la ciudadanía celebrando una rueda de prensa choca con la limitación de acceso al grueso de datos que no permite objetivar las afirmaciones planteadas en la rueda de prensa, como por ejemplo cuando se dice que "són els pressuposts més socials dels darrers 7 anys"o que se ha aumentado "un 50% la inversió per al manteniment del nostres barris". Si la Junta de Gobierno deseaba compartir realmente el contenido de los presupuestos debería facilitar la información íntegramente por medio de los canales más accesibles, ya que tal y como se ha presentado la información es prácticamente imposible valorar con objetividad.

INFORMACIÓ GENERAL, LIMITADA Y CONFUSA

La información que se ha presentado hasta ahora y a la que ha tenido acceso la ciudadanía en ediciones precedentes, dista de poderse calificar de accesible en los términos que prevé la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que en el Título I sobre la transparencia de la actividad pública aplicable a la administración local dice en su artículo 8:

"Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria que se indican a continuación: [¿] d. los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera [¿]".

La información facilitada hasta ahora ni describe partidas, sólo gastos generales por áreas, por organismos o empresas municipales, ni permite la comprensión de los números, que se describen de forma general. Así, por ejemplo, cuando en la página 6 de la publicación en formato PDF se intentan presentar los gastos sociales, sólo coinciden con las cifras de la página anterior las de Bienestar Social, ninguno de los otros conceptos coincide ni es posible calcularlo porque probablemente resultan de la suma de partidas incluidas en las cifras generales de cada Área municipal. Ello impide a la ciudadanía entender los datos que deberían ser, en materia presupuestaria, objetivos y matemáticos.

El carácter general, limitado y confuso de los datos presentados hasta ahora preocupan a la Defensora porque si bien el Gobierno ha demostrado su voluntad política de compartir la información no ha acabado de conseguir su objetivo y la tecnología es quizá el medio que haría posible el acceso a la información de forma concreta, amplia y clara, garantizando además la seguridad de los datos. Existen iniciativas de buenas prácticas como la del GOIB que desde el primer día ha dado acceso a toda la información desde una plataforma digital que permite entender y además comparar entre ejercicios con tablas dinámicas, definiendo diferentes niveles de análisis (quién, cómo o en qué se gasta).

UNOS PRESUPUESTOS EN RETROCESO

Por más que tenga su explicación económica/presupuestaria y que sea imperativo legal, la ciudadanía no entiende que el presupuesto municipal del 2019 sea inferior al del 2018 en 744.700 euros cuando se hablaba hace unos meses de 50 millones de superávit.

Dos factores sencillos y cercanos para la ciudadanía permiten abundar en lo extraño de la situación, el primero el incremento del "precio de la vida" que nos indica el IPC, previsto en un 2,2% para el 2018 y el segundo el aumento de la población en nuestra ciudad, que según informaba la Regidora competente el 26 de abril de 2018 había aumentado en más de 6000 personas este último año.

Así pues, a pesar de haber realizado una buena gestión en el ejercicio anterior, el ayuntamiento deberá atender las necesidades de la ciudadanía con menos dinero, a pesar del encarecimiento de los precios y del aumento de población.

Por acabar de dar luz, si tenemos en cuenta únicamente el IPC, el presupuesto del 2019 a razón de un 2,2% debería rondar los 427 millones de euros, 10 millones de euros más de los 417 millones que se han presupuestado y se llevan a Pleno para su aprobación.

Evidentemente los condicionantes que obligan a este presupuesto no dependen de la voluntad política del gobierno municipal pues vienen impuestas desde el estado pero corresponde a esta Defensora poner de manifiesto el absoluto despropósito y el agravio que ello supone para la ciudadanía de Palma.

LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

La ejecución del presupuesto es, al parecer de la institución de la Defensora, la gran olvidada a pesar de que el mismo artículo 8.d de la Ley de transparencia, antes reproducido, exige la "información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución", refiriéndose al presupuesto.

De un buen control de la ejecución presupuestaria se puede concluir si los presupuestos estaban bien planteados, también ayuda a reorientar el gasto si se conoce durante el ejercicio en curso y permite saber si se ha ejecutado el presupuesto conforme a las políticas municipales comprometidas o si por el contrario los gastos no se han materializado de acuerdo a ese compromiso municipal con la ciudadanía.

Es cierto que en los últimos años se ha mejorado la publicación de datos, sin embargo es difícil llegar a ellos, continúan escondidos en webs laberínticas para presentar finalmente documentos que no alcanza a comprender la ciudadanía por su complejidad técnica y no se observa interés en el Área competente para que sean comprensibles.

Destaca, por ejemplo, de la ejecución del 2017, el incremento de los ingresos previstos en un 16,26%, hasta los 478,70 millones (66,9 millones más de lo esperado) y en ese mismo año el gasto fue de un 3,83% más, hasta 427,5 millones de euros (16 millones más de lo previsto), con un balance aproximado de unos 50 millones de superávit a favor del ayuntamiento.

Resulta paradójico que estas y otras informaciones se puedan consultar en plataformas digitales independientes como Gobierto (https://presupuestos.gobierto.es). Se recomienda su consulta, porque nos permite tener una imagen de lo que puede suponer una buena herramienta que hace inteligible la árida información presupuestaria y su análisis.

CONLUSIÓN

Por lo que se refiere a los presupuestos municipales, atendiendo a la diversidad de la ciudadanía, la Defensora considera que el ayuntamiento debería hacer un esfuerzo por modernizarse y garantizar el acceso a la información, poniendo los datos a disposición de la ciudadanía de forma clara, precisa, sencilla y a tiempo, para que cualquiera pueda entender cómo, quién y en qué se va a gastar el dinero público y si lo considera oportuno pueda ejercer su derecho a realizar alegaciones en tiempo y forma.

Anna Moilanen Jaakola
DEFENSORA DE LA CIUDADANÍA